"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
PRÓXIMA ESTACIÓN: EUROPA
MESA REDONDA
España como modelo de buenas prácticas inclusivas en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres
30/05/2013
Blanca Abella - Imágenes Jorge Villa
Los buenos ejemplos de nuestro país en el tratamiento de la violencia de género son evidentes para los cuatro participantes en esta mesa, sin embargo todos ellos reconocen la posibilidad de retrocesos inminentes, principalmente en el ámbito europeo. Además, apuntan algunas cuestiones que aún quedan pendientes, como es la falta de datos, estudios y estadísticas, la accesibilidad o una mayor participación de la mujer con discapacidad.
La mesa redonda comienza con una clara disposición de los participantes a reconocer los buenos ejemplos que ofrece nuestro país hoy en día en la lucha por la erradicación de la violencia de género. Así, Iratxe García, eurodiputada del grupo socialista, destaca el hecho de que España se ha convertido en un referente en la UE en las políticas de igualdad, y en concreto la política de lucha contra la violencia de género. Para respaldar su teoría pone un ejemplo: “la directiva que ha posibilitado que las mujeres víctimas de violencia de género que disponen de una orden de alejamiento sea reconocida en el resto de países de la UE, de cara a proteger los derechos de estas mujeres, tuvo como impulso, sin duda alguna, la Ley contra la violencia de género de España”. Por eso, asegura, debemos estar satisfechos.
En una misma línea, Julio García Jiménez, asesor de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, asegura: “España cuenta con un amplio paquete de medidas normativas que desde los años 90 hasta la actualidad sirven de ejemplo de buena práctica. Una norma absolutamente considerada por todos, incluso en el extranjero, es la Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, desde el punto de vista de la protección penal de la víctima, la Ley 27/2003, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, son un claro ejemplo y ha servido mucho en Europa para la protección de víctimas”.
La sociedad civil trabaja y reclama más información
Sin embargo, tras las intervenciones de ambos llega el turno de las mujeres que pertenecen al movimiento de la discapacidad y que dan paso a otro tipo de reconocimientos y a algunas reclamaciones.
Así, Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI, comienza con una serie de argumentos que demuestran el papel tan importante que la sociedad civil ha jugado en esta lucha, incluso en la consecución de algunas normas legales que son ejemplo de buenas prácticas.
El CERMI cuenta con un área de género importante y activa que ha logrado transversalizar en la medida de lo posible el género y la discapacidad. Pero además, Villarino explica que la actividad del CERMI está siendo muy importante en el seno de Europa, en el entorno del EDF (Foro Europeo de la Discapacidad) para aumentar esta toma de conciencia hacia la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en temas de violencia.
Pero por encima de todo, desde la sociedad civil se reclama un aspecto fundamental en violencia de género, y así lo explica la directora ejecutiva del CERMI: "Las mujeres con discapacidad, por su situación de múltiple discriminación, representan un grupo social con mayor vulnerabilidad y mucho más proclives a sufrir violencia y en este sentido nosotros observamos que hay escasísima presencia de datos y de estudios estadísticos, que son la base esencial para conocer la realidad de un grupo social con muchísimo más riesgo de sufrir violencia en el entorno doméstico y en el institucional".
Ana Peláez, Presidenta del Comité de mujeres del EDF y Comisionada de Género del CERMI, asegura que España es un claro referente internacional en materia de discapacidad y que el CERMI ha sido muy proactivo a la hora de poner en la agenda política de la discapacidad la violencia de género hacia mujeres y niñas con discapacidad.
Explica de manera rotunda que la situación actual se conocía ya en 2004, cuando el Parlamento europeo ofreció datos muy importantes que ponían de manifiesto que las mujeres con discapacidad tienen un riesgo cuatro veces superior a sufrir una situación de violencia.
Y esto es lo que se necesita, tal y como reclamaba Pilar Villarino, datos y estadísticas, ya que según expone de nuevo Peláez: “El único estudio que nos da información sobre este tema procede de una encuesta, la tercera encuesta que se hizo en relación con el tema de la violencia en las mujeres, que decía que el 8,1 de las mujeres con discapacidad de nuestro país se declaraba víctima de violencia de género, un porcentaje extraordinariamente superior a otras mujeres”.
En respuesta a ambas reclamaciones, Julio García explica lo que se está haciendo en la Delegación del Gobierno: "Estamos ahora trabajando en dos vertientes, la primera de ellas a través de la obtención mediante el cruce de datos con otros departamentos ministeriales de todas aquellas víctimas que tengan algún tipo de discapacidad, y también se ha trabajado con el CERMI en una encuesta sobre percepción social acerca de la violencia de género. En la elaboración del formulario para esta encuesta se les ha tenido en cuenta para que aflore la variable discapacidad y por tanto visibilizar el problema en estos grupos. Consideramos que una de las funciones de ambos trabajos es la sensibilización social. El dato tiene mucha fuerza y teniendo un amplio panorama de datos tenemos un claro mensaje de cómo afrontar ese problema".
Amenazas y retrocesos
El balance de lo logrado y los buenos ejemplos que ofrece nuestro país no oculta sin embargo los problemas que aún existen y los que podrían derivarse de la situación actual de recortes o de retroceso.
Así lo entiende al menos Iratxe García, quien alerta de dos amenazas fundamentales, por un lado en nuestro país, ya que esta europarlamentaria cree que la desaparición en el sistema educativo de la Educación para la ciudadanía supone un claro retroceso: “es una asignatura donde se plantea como un eje fundamental la educación a los niños y las niñas en igualdad y el respeto a los valores de la dignidad humana y por lo tanto de la lucha contra la violencia de género, la lucha contra las desigualdades, contra la discriminación”.
Y por otro lado, en el ámbito europeo, Iratxe García alerta del inmovilismo: "Llevamos toda la legislatura del Parlamento europeo pidiendo que se ponga encima de la mesa la Directiva europea de igualdad de trato a las personas, con independencia de la discapacidad, del género, de la edad… y han sido incapaces por parte del Consejo y han sido incapaces los Estados miembro de impulsar una directiva que es fundamental y es la raíz de una sociedad más igualitaria de una sociedad que lucha contra todo tipo de discriminación”.
Y resume así los problemas actuales en el avance o retroceso que se viven en este ámbito: "No sé si es avanzar en la lucha contra la violencia de género el reducir los presupuestos de la partida de prevención en torno a un 30 por ciento en los dos últimos años. No sé si es avanzar en la lucha contra la violencia de género el que desaparezca el programa DAPHNE, dirigido a apoyar económicamente a las organizaciones que trabajan en este ámbito y en estos momentos la propuesta de la Comisión europea es que desaparezca y se incorpore en un programa más global. No sé si es avanzar en la lucha contra la violencia de género la reducción de cerca de 1.500 millones para España en Fondos Estructurales, dentro de los cuales se encuentra el Fondo Social Europeo, un instrumento fundamental para la incorporación de las personas con discapacidad".
Desde el CERMI y el EDF, Ana Peláez expone algunas soluciones muy económicas: "Hay medidas que no tienen ningún tipo de coste y que venimos reclamando desde hace mucho. Denunciamos desde hace años el hecho de que la esterilización terapéutica es una expresión concreta y específica de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Avanzar en la erradicación de esa posibilidad es algo que no tiene coste y que además ha ratificado España en la Convención de la ONU sobre Discapacidad. Otra medida sin coste y que puede ser un ejemplo, es garantizar que las mujeres con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, de sus CERMIS Autonómicos, se puedan incorporar en los observatorios de violencia que tienen algunas comunidades autónomas. Los recortes nos afectan a todos, pero hay acciones que se pueden hacer sin coste económico para avanzar".
Por su parte, Julio García se une a la reclamación de continuidad del programa DAPHNE y anuncia nuevas medidas: “No sólo reclamaremos la continuación de DAPHNE sino también del programa PROGRESS del ámbito de la justicia, que es una respuesta judicial a las víctimas, en especial a las personas con discapacidad. Y no sólo en el ámbito europeo, en el nacional continuaremos trabajando, y el reflejo de ello será la siguiente aprobación de una estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres que va a contener un eje específico de atención a grupos especialmente vulnerables, dentro del que se encuentran las mujeres con discapacidad, y dentro de la cual se van a reflejar muchas de las medidas de las que hemos hablado aquí en cuanto a la mejora de la recopilación de datos, de la accesibilidad, de la investigación y mejora de la respuesta de las instituciones a la necesidad de las mujeres con discapacidad”.
Pilar Villarino también apoya las reclamaciones ante los posibles retrocesos y hace especial hincapié en temas europeos: “Reclamamos que en los Fondos Estructurales se tenga en cuenta como prioridad la discapacidad y la no discriminación que es algo que está muy en cuestión y tememos que es una de las cuestiones que se quieren eliminar, y sería catastrófico para el sector y en general para la lucha a favor de la igualdad. El CERMI colabora en esta sentido con el EDF en una campaña importante hacia el consejo de ministros de la UE para conseguir que esto no desaparezca”.
Así opina también Ana Peláez ante la posible desaparición de programas como el DAPHNE y el PROGRESS y especialmente del Fondo Social Europeo: “En este momento se está cuestionando el sostenimiento del movimiento asociativo europeo por parte de los fondos de la UE, y esto es terrible”.
Lo que queda por hacer
Uno de los temas que también ocupa parte del debate, o quizás la mesa redonda pues los participantes apenas debaten ya que muestran casi un acuerdo total en las principales cuestiones, es la accesibilidad.
Julio García explica la posición de la Delegación del Gobierno: “Hay ya mucho hecho, pero tenemos mucho por hacer, no podemos caer en la complacencia y trabajamos en mejorar la accesibilidad de los servicios actuales, del 016, del servicio ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género) pero también de nuevas aplicaciones o instrumentos para la identificación, la detección y la derivación en el caso de violencia”.
En este aspecto Ana Peláez muestra cierta preocupación pues resulta un tema de máxima importancia: “hay muchas mujeres que quieren denunciar y no lo pueden hacer porque dependen directamente de su agresor para salir de su casa, para utilizar un teléfono, para acceder a un ordenador… la violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y las madres de personas con discapacidad es una violencia silenciada, invisible, que no se conoce. Cuando se conoce o nos asomamos a ese resquicio de luz a esa realidad, como ha hecho la comunidad de Madrid en un estudio, no lo publican porque es terrible lo que se ve”.
Y es que la realidad de las mujeres con discapacidad que sufren violencia es a menudo desconocida, incluso para ellas: “La primera debilidad es que las propias mujeres con discapacidad no son conscientes de sufrir una situación de violencia. No conocemos nuestros derechos ni los mecanismo disponibles para demandarlos y exigir su cumplimiento. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es trabajar directamente con mujeres y niñas con discapacidad, y ¡ojo!, también con madres de personas con discapacidad que por esa situación precisamente pueden tener una situación de mayor exposición a la violencia”.
Pero además, hay que trabajar de manera intensa con los profesionales que intervienen, por ejemplo los agentes del servicio de atención telefónica, el sector policial, judicial… y por una razón muy clara que explica la Comisionada de género del CERMI: “la principal dificultad, terrible dificultad que tenemos, el principal problema es que no le damos credibilidad a un testimonio de una mujer con discapacidad en un tema de violencia o en un tema de abuso. Especialmente cuando ese testimonio proviene de una mujer o una niña con discapacidad intelectual o psicosocial, o de una mujer con dificultades para expresar el tema”.
Finalmente, en un repaso a los temas pendientes, quedan algunas cuestiones que no son menores, ya que suponen un trabajo importante que queda pendiente tanto para las administraciones o gobiernos como para el sector de la discapacidad:
En primer lugar, tal y como reclama Pilar Villarino, hay que contar siempre con las mujeres con discapacidad, que son las que mejor conocen su propia realidad, lograr la transversalidad y tener presente la Convención de la ONU sobre Discapacidad, especialmente el artículo 16, que hace referencia a este tema.
Además, Pilar Villarino pone el aspecto en un aspecto que no quiere que se pase por alto: “No hay que enfocar la violencia solo desde el aspecto de género sino la violencia en distintos entornos, entre ellos el de las instituciones (aunque por otra parte, la institucionalización debería desaparecer si aplicamos correctamente la Convención ) que padecen mucho más las niñas y mujeres que los hombres , o muchos más entornos que se dan, por lo que no hay que circunscribirlo solo en la violencia de género”.
Ana Peláez, por su parte, reclama una estrategia europea de lucha contra la violencia hacia la mujer, que lograría un mayor compromiso de la Administración pública: "Actualmente las atenciones que están recibiendo las mujeres con discapacidad las están ofreciendo las propias organizaciones del sector. FEAPS, por ejemplo, tiene una serie de pisos para dar protección a mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial víctimas de violencia. Eso está bien como un paso intermedio, pero lo que verdaderamente tenemos que conseguir en que en los centros de acogida o en todas las disposiciones de esta legislación en relación con la protección de víctimas se incluya verdaderamente el tema de la accesibilidad en sentido amplio, porque precisamente algunas de las barreras que hemos conocido son barreras mentales, en donde, por ejemplo, el personal de un determinado centro te dice que no está preparado para atender a una mujer ciega, o a una mujer con discapacidad intelectual. ¿Tienen que ser las organizaciones las que asuman el compromiso de la administración pública? Eso no puede ser. Eso sucede aquí, en Francia, en Europa”.
Iratxe García reclama por su parte una directiva europea contra la violencia de género: “creo que ya es hora de avanzar y no ir haciendo políticas estanco o no compartidas. Si queremos hacer una política integral, que tenga en cuenta todas las perspectivas, que tenga en cuenta a las mujeres con discapacidad, es necesario contar con un elemento legislativo, como puede ser la directiva europea contra la violencia de género, que impulse u obligue a los Estados miembro a poner a disposición de estas mujeres políticas de prevención, de tratamiento, de reinserción en la sociedad, que en estos momentos son fundamentales”.
Y para finalizar, Ana Peláez expuso la conclusión a la que se llegó en el Debate general sobre mujeres y niñas con discapacidad que se celebró en Ginebra el pasado 17 de abril: "se está constatando que hay una falta total de aplicación real de los principios y mandatos de la Convención a lo que son los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Los Estados y muchas veces hasta las organizaciones hablan de las personas con discapacidad pero se olvidan de plantear los temas específicos que están afectando a mujeres y niñas con discapacidad y a madres de personas con discapacidad en temas como el de la violencia. Por eso se está trabajando en la elaboración de un comentario general que va a tener todo un desarrollo programático de cómo se tiene que interpretar el artículo 16, que es el específico de la violencia y el abuso contra las mujeres y las niñas con discapacidad, que realmente sigue siendo una asignatura totalmente pendiente por parte de los Estados ratificantes, y espero que eso nos de una hoja de ruta para que los Estados parte y la sociedad civil podamos avanzar en este sentido”.
